SAN JUAN – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Overseas Press Club (OPC), Prensa Comunitaria, la Asociación de Fotoperiodistas y el Centro Para la Libertad de Prensa condenamos el patrón de agresiones físicas e intimidación a periodistas y ciudadanos por parte de oficiales de ley y orden durante eventos noticiosos recientes y emplazamos al Gobernador a que censure esa actuación y tome medidas correctivas de inmediato.
La intervención de policías con los documentalistas de Zona Franca dentro de sus instalaciones sin que mediara la orden de un tribunal es una situación inaceptable e ilegal. Peor aún resulta la intimidación a la que fueron sometidos los comunicadores para que entregaran o borraran material videográfico sobre la intervención de la Policía en una escena criminal. La Policía de Puerto Rico no puede actuar de manera criminal, en total menosprecio del estado de derecho e impunemente.
Esta abusiva acción por parte de la Policía se suma a la agresión que se registró hace dos semanas durante la intervención de oficiales de la Unidad de Operaciones Tácticas y la Policía Municipal de San Juan con jóvenes en la avenida Universidad en Río Piedras, donde los agentes agredieron a la fotoperiodista Noelia González del periódico Claridad y le impidieron ejercer su deber como periodista. La fotoperiodista, que se encontraba en la zona al momento de los incidentes, comenzó a grabar lo que allí sucedía, pero los agentes intervinieron con ella y le quitaron la cámara para lanzarla contra el suelo. La cámara fue incautada, según puede verse en un vídeo grabado por un ciudadano que fue transmitido en un reportaje por un noticiario local, y hasta el momento no ha sido devuelta a González.
Ambas agresiones están motivadas por la intolerancia de los agentes policiacos a ser grabados o fotografiados durante intervenciones en vías públicas. Esta actitud no tiene cabida en nuestra sociedad democrática, en la que periodistas y ciudadanos tienen el derecho constitucional a la libertad de prensa.
Las organizaciones periodísticas del país nos unimos al reclamo de que se establezca un protocolo por escrito y público que deje claro cuáles son los parámetros por los que se tiene que regir la Policía en casos donde hay periodistas o ciudadanos en espacios públicos grabando acciones de los miembros de la Fuerza.
En vista de que las grabaciones en vídeo de los citados abusos, tomadas por fotoperiodistas y ciudadanos, han servido para corroborar los excesos policiacos y su divulgación ha contribuido a esclarecer los eventos, las organizaciones signatarias ponemos a la disposición de todo el pueblo el portal www.ojodelciudadano.com, lugar cibernético donde podrán publicar los visuales de atropellos e injusticias que violen los derechos ciudadanos. Junto al portal de vídeos inauguramos también la dirección electrónica ojodelciudadano@gmail.com donde podrán enviar testimonios y denuncias.
Exhortamos a toda la ciudadanía a usar estos nuevos instrumentos de fiscalización, denuncia y libre expresión que nuestras organizaciones ponen a su disposición.
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