La medicina que enferma

por CHENCHA MARIE

El gobernador, Luis Fortuño, en conferencia de prensa el 8 de enero de 2009, expuso al País junto al grupo de rescate financiero sus espeluznantes soluciones ante la crisis fiscal

Una dosis de hambre, luego de tres cucharaditas de nada en los bolsillos, seguido de dos gotas cada 12 horas de desasosiego, hará la medicina perfecta para la indignación y pelambrera de una sociedad.

Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal alarmante, que ciertamente debe ser solucionada con medidas que no encontraremos amistosas ni mucho menos agradables. Sin embargo, la justicia social debe ser priorizada.

Las respuestas que proponen los empresarios del sector privado de este País- a quienes Luis Fortuño reunió para asesorarlo- sólo atienden a las necesidades muy particulares y económicas de unos grupos oligárquicos. Pensar que un noveno impuesto a la telefonía celular es sostenible por el raquítico bolsillo de una población que cada vez más tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes, no es una recomendación viable. Máxime, cuando este tipo de aparato telefónico ya no es un lujo, y sí una necesidad para muchos.

Un impuesto de un centavo por minuto hablado, por ejemplo, en la factura de alguien que paga 35 dólares al mes, podría elevarla a 47. Lo que quiere decir 12 pesos menos para la compra. Para alguien que sus ingresos mensuales fluctúan entre los 20 mil o mucho más, 12 miserables dólares no significan nada. En cambio, para quien vive peso a peso, puede ser una millonada.

Pero quedarnos sólo en los celulares sería limitarnos. Ni hablemos de lo que sucederá con la gasolina. Quienes ahora pueden llenar su tanque con 20 dólares, lo sentimos, otro arbitrio hará que suba de 16 a 40 centavos por litro. Además, esto se agravará cuando se fije el alza de 6 dólares por barril al petróleo crudo, “la crudita”. En una sociedad que gira en torno del petróleo, estas subidas tendrán repercusiones en todas las facturas.

Lo que puede ser aún peor, se pretende atentar en contra de la empresa nacional. Interesante detalle es que Alfonso Ballester, de Ballester & hermanos, quien distribuye las cervezas Beck’s y Corona, conforme el grupo de asesores financieros de Fortuño. Una de las medidas de solución es la imposición de un impuesto del 55 por ciento a la cerveza- local- Medalla. Esta industria puertorriqueña, que ha ganado premios de calidad en festivales internacionales, así como galardones de cerveza del año en Bélgica (2005) y República Checa (2006), goza de unas exenciones contributivas que protege este producto con el fin de promover lo regional sobre lo importado. Que se ponga a pagar a Medalla estos arbitrios, posiblemente iguales que las cervezas extranjeras, devastará sus ganancias anuales. Se estima que tengan que pagar al año 21 millones más. Estas subidas liquidarán nuestra industria cervecera, posicionando estratégicamente en la cima de ventas a distribuidores como Ballester & hermanos. Ni creamos que los intentos de hacer una cervecería nueva en Ponce, que tenga los mismos beneficios de Medalla y que fomente lo made in PR, pueda dar frutos.

Si seguimos, no terminamos. ¿Qué va a pasar con las 11 mil familias que se quedarán sin sus ingresos cuando llegue el recorte laboral? Otra verdad innegable es el gigantismo gubernamental. Monstruo que se ha arrastrado desde pasadas administraciones, en especial la del gobernador Rafael Hernández Colón. No obstante, ya ese problema es real, llegar con una tijera filosa y mohosa a tumbar cabezas generará otro caos. ¿Qué pasará con esas personas? ¿El sector privado está dispuesto a insertarlos en sus nóminas? Este grupo de asesores económicos, precedidos por Richard Carrión, no ha dado respuesta a esta interrogante.

El presidente del Banco Popular, Richard Carrión,
encabeza el grupo de rescate financiero de Luis Fortuño

En lugar de cortar la soga por lo más fino, ¿por qué no repiensan en los contratos gubernamentales por servicios profesionales de bufetes de abogados? Los mismos que cobran una millonada en honorarios. ¿Por qué no se reducen los gastos en cabilderos y asesores? ¿Por qué no proponen una rebaja sustancial, y no sólo del 10 por ciento, en el salario de los legisladores? ¿Por qué no les recortan las dietas? ¿Por qué no eliminan los car allowence?

Ni se ha mencionado nada sobre impuestos a compañías extranjeras/transnacionales como Macy’s, JcPenney, Sam’s, Walmart, Kmart. Estas empresas por el condenado miedo de que recojan sus bártulos y salgan del País tienen carta blanca para hacer y deshacer. Son industrias que generan más de 30 millones anuales en ganancias netas, de las cuales Hacienda ni toca ni mira.

Ahora, analicemos, se le abrieron los libros financieros del País a empresarios. ¿Cómo esta información sustancial y valiosa la utilizarán a su favor? Eso está por verse.

Otra vez la política nos engaña. Qué diferente el resultado arrollador de estas elecciones si se nos hubiese prevenido, si se nos hubiese hablado de esta incurable medicina que no tan sólo amarga, sino que envenena. Puerto Rico tiene que levantarse. No podemos tolerar este abuso.